La muerte de Luciano Valentín Aranda, de apenas 14 años, podría haberse evitado de existir un Estado que garantice la seguridad de las y los ciudadanos en espacios públicos.
La imagen es desoladora: un niño de 14 años sale a jugar al fútbol con su hermano de 12, en una plaza de barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba, un día de enero como cualquier otro, y termina tendido en el suelo, muerto, después de recibir una brutal descarga eléctrica de un poste de alumbrado público. Su hermanito intenta ayudarlo y también recibe una descarga, pero se salva. La vida de Luciano Valentín Aranda se diluye mientras los gritos de desesperación de los que piden ayuda resuenan en las calles del barrio cordobés.
La muerte de Luciano no fue un accidente, si tomamos tal palabra en su sentido más común, el que hace referencia a «acciones involuntarias que dañan a seres humanos». En este caso hablamos del incumplimiento concreto de una responsabilidad por parte del Estado municipal, que es la de garantizar espacios públicos seguros para sus ciudadanos y ciudadanas, y de un Estado provincial que dilata la entrada plena en vigencia de la ley de seguridad eléctrica. ¿Cómo hace un padre, una madre, para soportar el dolor de saber que su hijo que salió a jugar a la plaza, está muerto? 14 años cuidando a un niño para que en un segundo, un poste en mal estado, le arrebate la vida.
Sin embargo, ante la muerte de Luciano, desde el Municipio lejos de asumir la responsabilidad pidieron constituirse como querellantes, cuando dicha figura, es sabido, corresponde a la víctima o a la familia de la víctima, como en este caso. El argumento para pedir ser querellante se sostiene en que alguien habría colocado una piedra dentro de la caja del poste. En este punto es importante destacar que, tal como lo manifestaron en distintos medios de comunicación, vecinos y vecinas de barrio Alto Alberdi venían reclamando desde hace por lo menos un mes y medio a Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba que el poste, que este martes mató a Luciano y que casi mata a su hermano, daba electricidad.
Sandra Meyer, titular de la Fundación Relevando Peligros, perdió a su hijo, Juan Aciar, el 24 de diciembre de 2009. El nene de 13 años, al igual que Luciano, murió electrocutado, cuando después de una tormenta, y mientras ayudaba a una persona mayor a cruzar la calle, se apoyó en un cesto de basura electrificado por un cartel fuera de norma en la vía pública. Desde ese momento, Sandra lucha para que en toda la provincia los espacios públicos y privados sean seguros y estén libres de riesgos de electrocución.
Según la organización Revelando Peligros, durante el 2021 murieron 17 personas electrocutadas y hubo 32 incendios de origen eléctrico en la provincia de Córdoba. Ante esta realidad, la ONG volvió a solicitar la vigencia plena de la Ley de Seguridad Eléctrica. Con Luciano, las personas fallecidas suben a 18.
Meyer dialogó con La Nueva Mañana y se refirió a la lucha que llevan a cabo desde hace más de 10 años. «Nosotros desde Relevando Peligros venimos haciendo hincapié en que los lugares de acceso público y donde concurre mucha gente como las plazas o los clubes tienen que estar en normativa porque reúnen muchas personas y es fundamental que tengan seguridad eléctrica. La ley de Seguridad Eléctrica de Córdoba es fundamental para proteger a las personas y sus bienes. La plena vigencia de la normativa es clave para dejar de lamentar víctimas por siniestros eléctricos».
«A lo largo de los últimos 10 años hemos intentado concientizar a los responsables. Y en este caso puntual, dicha responsabilidad le cabe a la Municipalidad de Córdoba porque ellos tienen la obligación de tener los espacios públicos, como esta plaza, en condiciones de seguridad», afirmó la titular de la ONG a este medio.
En 2015, e impulsada por Relevando Peligros, se sancionó en la provincia la Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281, la cual se implementó de forma parcial desde 2017. «Esta Ley, inédita en la Argentina por contemplar la vía pública, crea la figura del Electricista Instalador Habilitado y exige obligatoriedad en la emisión de un Certificado de Instalación Eléctrica Apta para nuevas instalaciones y reconexiones eléctricas», explicó Meyer.
A fines de noviembre del 2021 el oficialismo presentó un proyecto en la Unicameral para prorrogar dos años más la ley 10.281, el cual finalmente no prosperó, por lo que actualmente dicha ley tiene plena vigencia. En ese momento desde la ONG se opusieron a través de una nota dirigida a los legisladores y legisladoras.
Dos meses después, el 25 de enero, Luciano Aranda se apoyó en un poste de luz de una plaza cordobesa y murió.
Es tarea del Estado provincial velar por el cumplimiento de la ley vigente.
Fuente: lmdiario