Se trata del segundo aumento que se aplica este año correspondiente a la ley de movilidad.
Oficialmente, el índice se conocerá el próximo 10 de mayo, cuando el Indec difunda el dato de la variación salarial de marzo. Si se confirma este porcentaje de aumento, la jubilación mínima pasará a ser de un haber aproximado de entre $70.300 y $71.000 y la jubilación máxima pasaría a ser de $473.000 y $477.000.
Este aumento también abarca a las pensiones no contributivas, Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo y asignación universal por embarazo.
También afecta a las cuotas de la moratoria que entró en vigencia en mayo y que permitió que hasta la fecha 50.000 personas inicien su trámite para poder jubilarse.
En cuanto a los bonos, actualmente se está cobrando uno de $15.000 para los haberes mínimos y de $5.000 para haberes de hasta dos jubilaciones mínimas. Se da por descartado que se seguirán otorgando, ya que de llegar a concretarse este aumento de entre el 20 y 21%, el haber jubilatorio mínimo no alcanzaría a cubrir el 82% del salario mínimo vital y móvil que en el mes de junio será de $87.987, con lo cual, de cumplirse con lo que el Gobierno viene aplicando en el último año, el bono no sería de más de $10.000. De esta manera está garantizada la manda constitucional que establece la movilidad de las jubilaciones.
Los que quedan muy debajo de la evolución del salario y de la inflación son los jubilados y pensionados que no reciben bono. En estos casos, la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra en cuanto a los planteos efectuados por este grupo de jubilados.
Por la Dra. Laura Kalerguiz, periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista – Matrícula CPACF T 70 F 987
