(BAE) Las devaluaciones son siempre huérfanas.
Cuando en el verano de 2014 Juan Carlos Fábrega y Axel Kicillof dejaron que el dólar oficial suba 15%, el entonces ministro de Economía responsabilizó a la Shell de haberlo empujado con una importación por USD 3,5 millones en un mercado que movía 200 millones por día.
Cuando dos años después Alfonso Prat-Gay convalidó una trepada del 45% para equiparar el oficial con el paralelo y cerrar la brecha por cuenta y orden de quienes sufrieron la consecuente disparada inflacionaria, le endosó ese costo a los “cepos” del gobierno saliente.
Tampoco aceptaron la paternidad de la segunda devaluación busca de Mauricio Macri -en 2018, otro 55%- “Toto” Caputo ni Federico Sturzenegger. Mucho menos se hizo cargo nadie de la tercera, del 30%, después de las PASO de 2019. El expresidente desplegaría más tarde la curiosa teoría de que para ese momento ya no gobernaba, pese a que su candidato a vice aseguró aquel lunes fatídico que estaba “en control”.
Es lo que le reprochan más íntimamente a Martín Guzmán quienes ahora hacen leña del árbol caído: haberse borrado justo cuando la corrida contra los bonos de la deuda empezaba a convertirse en una corrida cambiaria y a hilvanarse peligrosamente con una corrida bancaria.
Todos los ahorristas en pesos perdieron parte de sus tenencias y todas las cotizaciones paralelas del dólar -legales e ilegales- treparon más de $100 desde su eyección del quinto piso del Palacio de Hacienda. Las restricciones para pagar importaciones al precio oficial que debió introducir antes de irse, para peor, tornaron mucho más relevantes las disparadas de las cotizaciones MEP (bolsa) y CCL (contado con liqui), que se convirtieron en referencia para muchas empresas.
Silvina Batakis arrancó hermanada con el kirchnerismo en ese reproche a Guzmán, a quien los laderos de la ministra entrante acusan de haber vivido como un jeque durante su último año de gestión. Cajas chicas que no lo eran tanto, “ravioles” armados a medida para que funcionarios platenses no cobren tanto menos que en la City o que en Nueva York, multitudinarias delegaciones a cumbres en Venecia o en Washington y un área de Prensa y Comunicación que llegó a contar con más de 40 colaboradores son algunas de las excentricidades que le facturan.
Otras recriminaciones son más cuantiosas: cerca de Máximo Kirchner, por ejemplo, lo acusan de haber gastado de más y haberlo disimulado con artilugios contables que incluso podrían valerle una causa penal. Pero claro, son los mismos que lo tachaban de excesivamente austero hasta apenas un par de meses atrás. Los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) tampoco los avalan: el déficit primario mensual solo superó el 1% del PBI en junio, cuando el refuerzo de ingresos lo llevó al 1,9%, siempre por debajo del 2,5% comprometido ante al FMI.
Al margen de Guzmán, esa convivencia amable entre Batakis y los funcionarios kirchneristas del área energética -donde todos simulan estar de acuerdo pero cada uno termina por hacer lo que quiere, como ocurrió con la segmentación de tarifas anunciada para el 1º de agosto y pocas horas después aplazada para septiembre- chocó con la urgencia de importar dos barcos de gas natural licuado (GNL) días atrás.
La ministra intentó mostrarse inflexible en su regla de “déficit base caja cero” e incluso creyó que se imponía hasta que el secretario de Energía, Darío Martínez, le avisó que esos barcos se pagaban por adelantado y en efectivo o se iban sin descargar el preciado combustible. “Yo entiendo que Martín no te dejó un mango pero si no me girás esta partida vas a tener que salir a explicarle vos el apagón a todo el país”, le advirtió. La plata apareció.
La incógnita que no despejaron el recambio de ministros ni la sintonía supuestamente recuperada entre el Presidente y la vice, sin embargo, es si habrá un plan de estabilización que evite otra devaluación caótica.
Más allá de parches como los anunciados en las tres últimas semanas, las definiciones que aguardan los agentes económicos son dos: cómo se repartirá el costo de la crisis en la sociedad y qué rentabilidad tendrá cada sector de la economía en adelante.
Puede haber sonado exagerado lo de Juan Grabois, pero su eco churchilliano fue simétrico al “dolor” que reclamó antes Kristalina Georgieva. Falta saber si habrá sangre, quién pondrá el sudor y quiénes se quedarán con los dólares.
Regímenes y dietas
¿Está arriba de $300 el tipo de cambio de equilibrio, como afirman subrepticiamente quienes piden “sincerar” su cotización? Los pasajeros de Buquebús que vuelven a Uruguay cargados de utensilios hogareños, vinos, cosméticos y hasta alimentos básicos sugieren que no. Sería el doble del precio en que terminó, a valores de hoy, la devaluación de Fábrega-Kicillof en 2014. Y un 50% más caro que el precio post-PASO de 2019.
Curiosamente, el dólar oficial vale hoy casi lo mismo en términos reales que lo que valía en 2016, tras la deva de Prat-Gay. Lo distinto es el peso de la deuda en moneda extranjera -muy superior- y el valor de las commodities que exporta el país, también más elevado a caballo de la guerra y la pandemia.
El problema es que la brecha arriba del 100% impide aprovechar esas mejores condiciones externas y que el salto de régimen inflacionario hace imposible pensar en una desinflación que mantenga el crecimiento. Entenderlo requiere elevarse varios metros por encima de la rancia explicación monetarista que ofrecen Javier Milei y los libertarianos, que naufraga ante la evidencia de la inflación récord en 30 años que cosechó el plan “emisión cero y déficit cero” de Nicolás Dujovne y Christine Lagarde.
Como explicó el joven economista Joaquín Waldmann, investigador del CEDES, Argentina migró en los últimos años de un régimen de inflación moderada (15 al 30% anual, según Dornbusch) a uno de inflación alta. Estos últimos son aquellos en los que, por distintas causas, “la inflación se mide en términos mensuales, porque la anual transmite poca información y los horizontes de planeamiento se acortan”.
Es exactamente lo que está pasando. Ayer, por caso, Metrogas y TGN firmaron con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS) un convenio trimestral con aumentos del 15% en julio, 7,5% en agosto y 7,5% en septiembre. Se suma al 30% que ya habían pactado entre abril, mayo y junio pero ya no importa tanto la suma aritmética anual.
Proporcionalmente es más que el 69% que reconocieron la semana pasada Cristina Kirchner y Sergio Massa a los empleados del Congreso, que según aclararon anteayer no se trasladará a las dietas de los legisladores.
Si la inflación ya no va a volver en este mandato al régimen moderado que tuvo entre 2003 y 2018 -como reconoce puertas adentro el propio Kicillof- la cuestión es cómo evitar que la corrida fuerce una devaluación brusca.
Miguel Pesce apuesta a aguantar hasta septiembre, cuando no solo habrá que importar menos gas sino también estima que empezarán a liquidar sus granos los exportadores, que según la Cámara de Aceiteros retienen USD 14.000 millones en sus silobolsas y liquidaron USD 168 millones diarios en promedio en julio de los USD 250 millones que proyectaba la industria.
Batakis también cree que con parches puede tender ese puente, pero su decisión de aumentar la retención de Ganancias del 35% al 45% para los gastos con tarjeta naufragó a la semana y le puso un nuevo piso a la brecha. Ese fracaso alumbró los anuncios de ayer. Y augura otros nuevos.
Como escribió otro joven investigador del CONICET, Juan Graña, “como unificar devaluando no es salida, habrá que empezar a ‘pinchar el cepo’”. Es decir, a reconocerle más pesos por dólar a determinados sectores hasta que afloje la presión devaluatoria.
Unidos y desdoblados
Ahí empiezan a anotarse los más audaces del “vamos por todo” empresarial. Como se advirtió en esta columna dos semanas atrás, el desdoblamiento cambiario formal y una nueva convertibilidad parcial (con un peso fuerte y otro débil para empujar una devaluación interna como la de 2001 con las cuasimonedas) son parte de la discusión actual entre el establishment y el debilitado Frente de Todos.
En ese río revuelto nadó ayer la versión de que le reconocerían más pesos por cada dólar a quienes liquiden granos, algo que desmintieron al unísono todas las fuentes oficiales. Con lógica, porque equivaldría a devaluar. Pero el desdoblamiento abre la puerta a ese tipo de redistribución, que algunos ejecutivos proponen como un mal menor. Si bien los más jugados al derribo del Gobierno están en modo “wait and see”, como los referentes de Juntos por el Cambio, otros apuestan a una estabilización menos cruenta. Que de todos modos tendrá sus costos.
A contramano de su historia reciente, Paolo Rocca está llamando a la calma a sus colegas. En dos reuniones reservadas que mantuvo con otros socios de la influyente Asociación Empresaria Argentina (AEA) en vísperas del éxodo masivo del círculo rojo a centros de esquí y al verano europeo, el CEO del Grupo Techint fue taxativo: «Tenemos que hacer lo posible para que éstos lleguen, porque la oposición todavía no está lista para gobernar».
Como magnate del acero acostumbrado a negociar de igual a igual con los gobiernos más poderosos del mundo, Rocca seguramente tomó nota de cómo la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, exhibió descarnadamente la ambición de Washington por los recursos naturales de Sudamérica.
Por experiencia también sabe que, en medio de una crisis, cualquiera está más dispuesto a ceder sus recursos. Es quizás el último fogonazo de lucidez geopolítica de un empresariado cada vez más frívolo y cortoplacista, que prefiere facturar un millón de medio de dólares diario en comisiones por dolarizar ahorros ajenos a través de la Bolsa que orientar la economía de una nación emergente que produce lo que el planeta demanda.
Fuente: Regionalísimo
