La Cámara de Comercio rechazó el impuesto a las grandes fortunas

“Genera una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios e incrementa una presión impositiva”, cruzó la entidad a la iniciativa oficialista.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó hoy su “preocupación” ante el proyecto de ley para establecer un “aporte solidario y extraordinario” de las fortunas mayores a 200 millones de pesos.

Esta iniciativa impulsada por el oficialismo genera “una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios e incrementa una presión impositiva ya de por sí muy elevada”, dijo la entidad.

La CAC entiende que la progresividad es una “característica bienvenida” de los esquemas impositivos, pero también que antes de avanzarse con una obligación extra debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente.

En ese sentido, señaló el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, el cual grava los mismos bienes sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta 9 veces en el último año.

Asimismo, la entidad dijo estar convencida de que la expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de “un sector privado dinámico y moderno”.

Eso, dijo, “difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”.

La CAC considera que la reducción del desequilibrio fiscal demanda una paulatina baja del gasto público, a través de la supresión de ineficiencias varias y de una progresiva sustitución de los programas de asistencia –muy necesarios en la emergencia– por empleo privado genuino.

Asimismo, que en materia de ingresos fiscales se requiere una reforma tributaria integral que consolide la progresividad del sistema, resuelva su extrema complejidad, provoque la disminución sustancial de la informalidad –que constituye una competencia desleal para los que sí cumplen con sus obligaciones–, incentive la inversión, promueva la creación y el desarrollo de empresas y armonice asimetrías territoriales y de dimensión.

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