Inflación – entre programas infructuosos, acuerdos y “avivadas”

Las subas que experimentan los precios dan cuenta que el enardecimiento de la inflación del último trimestre del 2020 persiste en la actualidad y continúa la crisis económica.

El año pasado las subas acumularon 36%, sustancialmente menor que la inflación del 2019, pero en los últimos tres meses los precios escalaron un 11%. Los tres aumentos de los combustibles desde que empezó el año, sumado al precio en alza de los alimentos, ponen en duda las proyecciones inflacionarias oficiales. Por tanto, si bien el Gobierno espera subas anuales de 29 puntos, según el Presupuesto 2021, la presión sobre la inflación desata todo tipo de dudas, especulaciones y discusiones.

Los diferentes anuncios oficiales y prórrogas de distintos programas dan un panorama de la estrategia que implementará el gobierno en procura de apaciguar las subas. En este sentido, el Gobierno prorrogó hasta fines de marzo el esquema de Precios Máximos, excluyendo algunos productos e incorporando otros en nuevas categorías, para generar referencias de precios. Estas iniciativas, como así también el esquema de Precios Cuidados, han demostrado nulos resultados en la tarea de contener las subas. Quizás sean un buen instrumento para aplacar los precios en un contexto de inflación moderada. Pero en una realidad como la actual, los supermercadistas aducen imposibilidades de cumplir con los topes de referencia cuando su estructura de costos se incrementa fuertemente por subas de insumos, materias primas, entre otros ítems.

Del mismo modo, en procura de desacelerar los precios de la canasta básica, desde la Secretaría de Comercio apuestan a la Ley de Góndolas. Si bien fue sancionada hace más de un año, apenas fue reglamentada en diciembre y la Secretaría busca aplicarla de forma definitiva. La misma pretende diversificar la oferta de productos en las góndolas, para de este modo propender a la competencia. Así, evitando la concentración de ciertas marcas en la exhibición al público, se contrarrestaría parte del poder de las empresas dominantes para imponer sus precios. Sin embargo, más allá de los paliativos, en última instancia, para el ritmo de los precios serán determinantes la puja distributiva, los acuerdos sociales que pueda lograr el Gobierno, los congelamientos de tarifas, los controles y el tipo de cambio, principalmente.

Conciliar salarios con más producción

Según declaraciones públicas, el principal objetivo que persigue la actual administración es el crecimiento económico, luego de tres años recesivos. Al representar el consumo el 81% del PBI (según Indec), sin una expansión del mismo, es imposible que la economía crezca. Siguiendo la lógica, el aumento del poder adquisitivo del salario es condición necesaria para que haya consumo sostenido y crecimiento económico. Ergo, si los salarios no le ganan a la inflación, se desvanece el círculo virtuoso señalado. Del mismo modo, si los aumentos salariales se trasladan a los precios así sin más, se termina por neutralizar cualquier mejora en el ingreso, esmerilando el consumo. Pero en la medida en que las empresas aumentan el nivel de actividad y de ventas, el incremento de los costos para producir por la suba de la mano de obra puede ser absorbido por un aumento del volumen vendido. Ecuación que podría resumirse del siguiente modo: más poder adquisitivo, más consumo, más producción, menos inflación. 

Sin embargo, la indexación frente a cualquier suba de costos es un ejercicio plenamente arraigado en los diferentes segmentos de la cadena de valor. Es decir, cuando aumentan los salarios, tarifas o insumos, las empresas tienden a trasladarlo íntegra y automáticamente al precio final. También, los aumentos injustificados hacen mella. Por caso, durante los meses de aislamiento más riguroso, muchos sectores de la economía sufrieron un fuerte menoscabo por caída de ventas. Aprovechando la falta de controles, muchas empresas aumentaron sus precios para recuperar parte de lo perdido frente a meses de prácticamente ausencia de demanda. Es el caso del rubro prendas de vestir y calzado, que acumuló 60% de aumento durante el 2020, cuando ninguno de sus insumos subió tanto. Algo parecido ocurrió con los precios de la construcción.

¿Sirve un acuerdo sin disciplinamiento?

En escenarios como el que reina en la economía argentina desde hace tiempo, la incertidumbre, inercia inflacionaria, desequilibrios macroeconómicos, la concentración económica, la búsqueda imperiosa de renta y la falta de control gubernamental también hacen de las suyas. Por caso, en el año 2015, un informe del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges) mostró cómo el precio del acero, aluminio, cemento, hierro y polietileno subió hasta un 50%, cuando en el mercado global cayó por debilitamiento de la demanda china. Se trata de insumos difundidos demandados por gran parte de la economía, producidos por pocas firmas, cuyos aumentos superaron ampliamente la inflación y las subas del dólar durante el período.

Al hablar de inflación, tampoco podemos perder de vista un rasgo característico de compañías oligopólicas en sectores estratégicos de la economía: su fuerte endeudamiento. Por caso, Techint, que controla la producción de chapas en el país, tiene 2.443 millones de pesos de pasivo, según información del Banco Central. Igualmente Arcor: la principal empresa de alimentos, enlatados y golosinas tiene compromisos financieros por más de $8 mil millones. Otra de las empresas líderes en la producción de alimentos de la región como es Molinos Río de la Plata acumula deudas por más de 6.700 millones de pesos. Del mismo modo, Ledesma, quien produce el 75% de la azúcar refinada consumida en el país, también tiene pasivos por más de $3 mil millones. En cifras similares se calculan los compromisos de Aluar, clave en la producción de aluminios. Lo mismo podemos decir de la multinacional Cencosud que con sus subsidiarias Disco, Jumbo, Vea e Easy, principalmente, se hizo de una porción importante del mercado minorista, o también del grupo Grobocopatel dedicado a la producción y comercialización de productos agropecuarios; todos tienen pasivos por miles de millones de pesos. Estamos hablando de compañías con poder dominante, por tanto con capacidad de definir precios, cuyas deudas en pesos se licúan frente a los altos niveles de inflación mientras mantienen sus ventas a valores constantes.

Más allá de la estrategia circunstancial que emplee el Gobierno para frenar el aumento de los precios, ya sea utilizar el tipo de cambio como ancla o congelar las tarifas (cada una con sus consecuencias indeseables, como ya hemos visto), si pierde de vista las artimañas del establishment terminará cosechando sinsabores. 

 

Fuente: La Nueva Mañana.-

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