La salud mental en Córdoba atraviesa una emergencia silenciosa pero devastadora.
Se ha detectado el acelerado aumento de patologías psiquiátricas y adicciones, un problema que golpea con fuerza al 75% de los pacientes del sistema público, quienes presentan diagnósticos duales: trastornos mentales combinados con consumo problemático de drogas.
Este panorama, agravado por la pandemia de COVID-19 y sus secuelas de aislamiento, ha desbordado tanto a los efectores públicos como privados, dejando en evidencia la insuficiencia del modelo actual.
Entre las razones que justifican esta emergencia destacan la falta de acceso a medicamentos esenciales debido a su alto costo, un problema crítico para el 34% de la población del Gran Córdoba —unas 570.000 personas— que carece de obra social.
A esto se suma la reducción de personal en el sistema público de salud mental, la dificultad para formar nuevos psiquiatras y el cierre del principal centro de formación en la provincia.
La vida moderna, con su ritmo vertiginoso y el creciente tráfico de drogas que afecta a jóvenes de todos los estratos sociales, completa un cuadro alarmante.
Todos estos datos forman parte de un informe que los legisladores provinciales Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal Córdoba; Carlos Carignano, Carlos Briner y José Bria, del radicalismo, y Juan Pablo Peirone, del Frente Cívico, utilizaron para fundamentar un proyecto que tiende a abordar estas problemáticas.
Briner, Bría y Peirone son médicos.
Le preguntamos a Agrelo cuál es el diagnóstico.
Hay una verdadera epidemia de salud mental, así lo corroboran los propios funcionarios públicos que lo han reconocido y además los padres, las madres a donde vamos nos piden lugares a puertas cerradas para poder contener de manera prolongada a sus hijos que están o con dolencias psíquicas o con consumo de drogas.
Esto está ratificado, la Municipalidad de Córdoba tiene un 0,800 que ha recibido en seis meses 4.800 llamados, el último tiempo ha subido un 12% esa demanda.
El 75% de los pacientes que se atienden, psiquiátricos que se atienden en el sector público de la provincia son pacientes duales, es decir, que tienen consumo de drogas y además dolencias psíquicas.
Hay 70 internaciones involuntarias solicitadas por mes a nivel de la justicia o ordenadas por la justicia y hay 165 camas en toda la provincia. Es decir, el sistema está verdaderamente desbordado, hay pocos psiquiatras y el propio ministro de salud ha dicho que se ha incrementado en un 35% la demanda al sistema de salud global, con lo cual no es de descartar que también el sistema de salud mental esté siendo presionado de esta manera.
¿En qué consiste el proyecto?
Estamos en una situación de emergencia de salud mental y es bueno reconocerlo. Por eso hay que, por lo pronto, modificar la ley de salud mental para permitir las instituciones a puertas cerradas que permitan una contención prolongada de los pacientes.
Segundo, la creación de un sistema de exención impositiva, una especie de RIGI cordobés, que permita durante diez años eximir de impuestos a quienes quieran ampliar su capacidad o instalar capacidad de atención, el 50% del cual debe estar destinado a atender pacientes que vienen del sector público.
Después, a partir de los montos que se cobran por multas de tránsito, destinar un 30% de eso a un fondo de medicamentos que permita garantizar la regularidad en la ingesta de medicamentos por parte de los pacientes, tratamientos que muchos de ellos cuestan entre 100 y 400 mil pesos mensuales.
Tenemos que volver a una formación intensiva de psiquiatras porque Córdoba está retrocediendo enormemente en eso y hay un fondo que es el fondo de lo que ahorraría este año la provincia que nos parece que debe ser destinado a la contratación de nuevos profesionales y a la provisión de horas extras.
Porque Córdoba ha perdido en diez años 277 personas trabajando en el sistema de salud pública, es decir, que tenemos más población, más casos y menos personal en este momento.
En síntesis
Definitivamente, la adicción y las crisis psiquiátricas agudas desbordan a un sistema. Hoy se necesitan respuestas donde hoy solo hay impotencia.
La realidad lo exige, y las familias lo reclaman. Es hora de actuar.